¿Protege la privacidad de los dueños de criptomonedas la nueva Ley?

En España, el 81,7% de la población ha escuchado hablar sobre las criptomonedas, mientras que un 16% es poseedor de alguna. La esencia de la moneda virtual, que nació para ser dinero descentralizado y, cuyo anonimato, se vinculaba a una mayor protección de los datos de los clientes que realicen compras con esta divisa, parece que está cambiando. Forzada por los gobiernos de distintos países como Venezuela, El Salvador, Cuba, China e incluso España.

El estudio titulado ‘Criptomonedas y el futuro del dinero’, elaborado por la IE University de España, además de aproximar un porcentaje de españoles que utilizan las criptomonedas, también define el perfil de sus usuarios que, en un 60% revelaron tener criptomonedas como inversión. Además, más de un 51% de los usuarios de monedas virtuales son personas de entre 18 y 34 años con un alto ingreso económico anual, que iría entre los 100.000 a más de 500.000 euros.

En cuanto al rumbo que ha tomado el Gobierno de España para regular las criptomonedas y la actividad económica derivada de las mismas, en julio de este mismo año, salió publicada en el BOE la nueva Ley contra el Fraude que incorpora una serie de obligaciones para los poseedores de criptomonedas u otro tipo de criptoactivos. Este nuevo documento, establece que es de obligación “informar sobre saldos y titulares de las monedas en custodia”. La finalidad es luchar contra la evasión fiscal, aunque el vincular el saldo y operaciones realizadas con criptomonedas puede suponer un riesgo para la privacidad del usuario.

Ya en la campaña de la Renta de 2019, Hacienda advertía que los beneficios en monedas virtuales debían de añadirse como ‘Otras ganancias patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro’. Ahora, con la ‘Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal’, el Gobierno redefine a qué están obligados los poseedores de esta divisa.

Las criptomonedas dejan de ser anónimas
En concreto, se establecen dos nuevas obligaciones. La primera de ellas determina que las personas que gestionen criptomonedas, deberán de informar de los distintos saldos y de los titulares de cada uno de ellos. La siguiente, establece que los exchanges (plataformas o mercados de intercambio de monedas digitales por divisas ‘reales’) que cumplan con la siguiente descripción, deberán informar de su identificación fiscal, domicilio, además de fecha y precio de la operación.

Blockchain
El blockchain o cadena de bloques es lo que hace posible que las criptomonedas estén descentralizadas. Concebida por los desarrolladores de bitcoin, para facilitar transacciones p2p sin intermediarios, funciona como una base de datos distribuida entre todos los usuarios, cuyas partes o elementos se modifican de forma independiente.

Si ya antes el usuario de criptomonedas tenía que estar alerta para que los ciberestafadores no accedieran a su cartera virtual, en donde almacena esta divisa (por la dificultad que trae seguir el rastro de esta moneda). Esta nueva medida por parte del Gobierno “abre un debate sobre sí los datos personales de los usuarios, que almacenen una gran cantidad de criptomonedas, están seguros o si los ciberdelincuentes acceden a ellos, puede usarlos para señalar objetivos”, señala Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.

Ciberataques a entidades públicas
Teniendo en cuenta que, en marzo de este mismo año, el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) sufrió un ciberataque del que todavía se está recuperando, la medida de transparencia de criptomonedas no ha sido bien recibida por los usuarios de este tipo de divisas. En el ataque al SEPE, el ransomware Ryuk secuestró multitud de datos que se encontraban en los servidores del ministerio (donde hay datos personales como identidad, domicilio fiscal, prestaciones) y los encriptó. Tres meses después, el Ministerio de Trabajo volvía a ser atacado por un ransomware.

Según apuntaron técnicos del SEPE, en distintos medios, habían solicitado mejoras informáticas durante la pandemia. Señalando la antigüedad de los equipos con los que trabajaban. Además, sólo seis páginas web de la administración General del Estado disponen de una Certificación de Conformidad del Esquema Nacional de Seguridad, otorgada por una entidad de certificación acreditada, según la web del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI.

Cómo protegerse
El Gobierno ya ha aprobado un Plan de Choque de Ciberseguridad, que incluye la actualización del Esquema Nacional de Seguridad y medidas para aumentar el nivel de ciberseguridad de los proveedores tecnológicos del sector público estatal. Estas actuaciones, que reforzarán con la prevención, detección, protección y defensa frente a la materialización de las ciberamenazas, están respaldadas por la inversión de 244 millones en compra pública en ciberseguridad a través del Incibe.

“Es imprescindible que las compañías privadas y los organismos públicos colaboremos estrechamente en poner todas las medidas de seguridad a nuestro alcance para alcanzar entornos ciberseguros”, recalca Hervé Lambert.

Teniendo en cuenta que la Ley que afecta a las criptomonedas ya está vigente y que el Gobierno de España está intentando reforzar la ciberseguridad de administraciones públicas, como usuario, lo único que se puede hacer es protegerse de forma individual. Por ejemplo, a la hora de acceder al monedero o ‘wallet’ donde se almacenan las criptomonedas o cuando se realizan compras con ellas.

Evitar ciberamenazas o ciberestafas cuando se utilizan criptomonedas, funciona de manera similar a cuando se realizan compras en Internet. “Nunca ofrezcas información personal o sobre tu cuenta de Bitcoin a un extraño. Además, sobre todo asegúrate de que el ordenador, desde el que accedes a estos servicios, está protegido de forma adecuada contra la piratería y el malware” mediante una solución de seguridad como Panda Dome apostilla Hervé Lambert.

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