La soberanía digital ha pasado de ser una aspiración política a convertirse en un imperativo de negocio. En un contexto donde la Cloud Act estadounidense, el RGPD, la Directiva NIS2, la EU Data Act y la AI Act reconfiguran las reglas del juego, las organizaciones europeas -especialmente en sectores regulados como banca, sanidad y administración pública- ya no se conforman con que sus datos residan en Europa: necesitan saber quién puede acceder a ellos, bajo qué jurisdicción operan y con qué garantías técnicas y legales cuentan.