La entrada en vigor de la Ley de Atención al Cliente a finales de 2025 ha marcado un antes y un después en la relación entre empresas y consumidores en España. Con la fecha límite de aplicación en diciembre de 2026, las organizaciones se enfrentan a un reto que afecta directamente a su forma de operar.

La norma establece exigencias claras como atender de media el 95 % de las solicitudes en menos de tres minutos, garantizar el acceso a un agente humano, ofrecer atención en el idioma del cliente y asegurar la trazabilidad completa de cada interacción. Requisitos que obligan a revisar sistemas, procesos y modelos de atención.