
La convocatoria de elecciones ha supuesto que muchas leyes que estaban pendientes de aprobación se hayan paralizado. Este ha sido el caso de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que ya se había aprobado en el Congreso por amplia mayoría y estaba a semanas de su aprobación definitiva (se encontraba en manos del Senado) pero se ha quedado suspendida tras la disolución de las Cortes por la convocatoria anticipada de elecciones generales.
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