España avanza hacia un nuevo marco en materia de seguridad y resiliencia de infraestructuras críticas, en línea con las directrices europeas, que introduce un cambio de modelo hacia la anticipación y la gestión integral del riesgo. Este giro regulatorio, que busca estar operativo antes de julio de 2026, impacta directamente en sectores estratégicos como energía, transporte o telecomunicaciones, incluyendo los proyectos de construcción asociados, donde se desarrollan este tipo de infraestructuras.