En plena antesala electoral, la desinformación vuelve a situarse en el debate público, en un momento en el que cobra especial relevancia la posible influencia de la circulación de contenidos falsos en las decisiones de voto. Un contexto en el que las redes sociales desempeñan un papel destacado (e incluso único para algunas personas) como canales de acceso a la información y espacios de conversación pública.

Esta inquietud se refleja en los resultados del III Estudio sobre Conductas sostenibles de la población española de Triodos Bank, que analiza, entre otras cuestiones, cómo percibe la ciudadanía los riesgos asociados a las redes sociales y los discursos de odio. Según sus resultados, el 61,3 % de la población identifica los bulos y la desinformación entre los aspectos que más le preocupan de estas plataformas, por delante del uso de datos personales y la falta de privacidad (53,2 %), el acoso digital (50 %) y la violencia verbal (48,1 %). Solo un 6,7 % afirma no sentir especial preocupación por ninguno de esos aspectos.

Aunque los contenidos falsos figuran entre las principales preocupaciones de todas las generaciones, son las personas de 56 a 65 años las que muestran una mayor inquietud por la desinformación, con un 67,8 % de menciones, frente al 50 % de quienes tienen entre 18 y 25 años, que muestran el porcentaje más bajo. Esta preocupación también es alta en las personas mayores de 65 años (66,4 %) y en las de 41 a 55 años (62,4 %), y baja al 58,4 % entre quienes tienen de 26 a 40 años. Una diferencia generacional que también se aprecia en la preocupación por la violencia verbal y los discursos de odio en redes sociales, mencionados por el 54 % de las personas de 56 a 65 años, frente al 38,4 % de las más jóvenes.

Más control de los bulos y más educación digital

Para reducir los efectos negativos de las redes sociales, el 54,9 % de la ciudadanía considera necesario reforzar el control de los bulos y los contenidos falsos, la medida con mayor respaldo. Le siguen las actuaciones contra el acoso y la violencia digital (50,9 %), el control del acceso y uso de estas plataformas por parte de menores de edad (49,8 %) y una protección mayor de la privacidad y los datos personales (49,4 %). Además, el 46,1 % reclama más responsabilidad de las plataformas digitales, el 45,8 % defiende fomentar la educación digital y el pensamiento crítico y el 38,5 % considera que un uso más consciente y limitado de las redes sociales ayudaría a reducir sus efectos negativos.

En este escenario, cobra especial relevancia el papel de los medios de comunicación como fuentes de información fiables, tanto para contrastar y verificar los contenidos que circulan en redes sociales como para contribuir a frenar la difusión de bulos.

Por su parte, esta demanda de mayor responsabilidad coincide con el refuerzo de las obligaciones europeas sobre los servicios digitales y la publicidad política. En ese aspecto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recuerda que las grandes plataformas deben evaluar y mitigar los riesgos que sus servicios pueden generar para los procesos electorales. A ello se suma la normativa europea sobre publicidad política, que refuerza la transparencia sobre quién financia estos anuncios y cómo se dirigen a la ciudadanía.

Entre las medidas recogidas en el estudio, el respaldo a un mayor control de los contenidos falsos alcanza el 62,8 % entre las personas de 56 a 65 años y el 60,9 % entre las mayores de 65, frente al 42,8 % de quienes tienen entre 18 y 25 años. En las franjas intermedias, se sitúa en el 51,8 % entre los 26 y 40 años y el 55,3 % entre los 41 y 55 años.

En cuanto a la educación digital y el pensamiento crítico, las diferencias por edad son menores, con un respaldo que oscila entre el 43,2 % de las personas más jóvenes y el 47,1 % de las mayores de 65 años. Sin embargo, el nivel educativo sí marca distancias, con el 51,4 % de las personas con estudios superiores que considera necesario reforzar esas competencias, frente al 43,1 % de quienes tienen estudios secundarios y el 30 % de aquellas con estudios primarios o inferiores.

Los discursos de odio y la política

Los discursos de odio también están entre los riesgos que las instituciones europeas tienen en cuenta en el entorno digital durante los procesos electorales. En este contexto, el III Estudio de Triodos Bank analiza cómo percibe la ciudadanía española la presencia de estos mensajes y los ámbitos donde considera que están más presentes. Según sus resultados, el 86,4 % de la población considera que en España hay, efectivamente, discursos de odio, y el 43 % cree que están cada vez más presentes, mientras el 31,8 % opina que siempre los ha habido y el 11,5 % considera que cada vez hay menos. Por el contrario, el 13,6 % afirma que no consideran que haya este tipo de discursos.

Entre quienes reconocen su existencia, la política y los discursos públicos son el ámbito más señalado, con un 72,8 % de menciones, por delante de las redes sociales (65 %), los medios de comunicación (38,6 %) y los eventos deportivos (35,7 %). El entorno laboral o educativo (16,8 %) y el ámbito social cercano (15,2 %) aparecen a mayor distancia.

La identificación de estos mensajes en la política alcanza el 79,5 % entre las personas mayores de 65 años, frente al 65,4 % de quienes tienen entre 18 y 25 años. En las franjas intermedias se sitúa en el 71,5 % entre los 26 y 40 años, el 71,7 % entre los 41 y 55 años y el 76,4 % entre los 56 y 65 años. Por nivel educativo, el porcentaje alcanza el 75,4 % entre quienes tienen estudios superiores, el 72,3 % entre las personas con estudios secundarios y el 59,2 % entre aquellas con estudios primarios o inferiores. Estos resultados corresponden a quienes consideran que existen discursos de odio en España (el 86,4 % del total encuestado).

Respecto a las medidas para reducir esos discursos, el 54,3 % de la población considera necesario endurecer las sanciones a quienes los difunden, mientras que el 41,3 % apoya las sanciones a las empresas que permiten su difusión. La promoción de una mayor convivencia intercultural (39,2 %) y el refuerzo de las acciones de concienciación (39,1 %) también figuran entre las opciones señaladas.