Coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, la protección de niños, niñas y adolescentes en internet vuelve a situarse en el centro del debate. En España, el 69% de los menores de 12 años ya dispone de teléfono móvil propio, según datos del Instituto Nacional de Estadística, mientras avanza en el Congreso el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que prevé elevar de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales y reforzar las obligaciones de fabricantes y plataformas.

La cuestión no se limita, sin embargo, a fijar una edad mínima de acceso. Uno de los principales retos está en cómo comprobarla de forma efectiva sin obligar al conjunto de los usuarios a compartir más información personal de la necesaria. En este contexto, Namirial, proveedor europeo de servicios de confianza e identidad digital, analiza los datos que están detrás del debate y las alternativas tecnológicas que ya permiten avanzar hacia modelos de verificación con mayor protección de la privacidad, que verán la luz este mismo año:

1. El punto de partida: los menores acceden cada vez antes al entorno digital

La Organización Mundial de la Salud estima que, a nivel global, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años desarrolla un problema de salud mental, en muchos casos no detectado ni tratado. En España, el informe “Infancia, adolescencia y bienestar digital”, elaborado por UNICEF España junto con la Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Ingeniería Informática y Red.es, detecta señales de riesgo psicológico entre adolescentes -más acusadas entre las chicas- y las asocia, entre otros factores, con el uso problemático de las redes sociales, la exposición a violencia digital y el consumo temprano de pornografía.

La temprana edad de acceso a los dispositivos añade otra dimensión al debate: buena parte de los menores llega a las plataformas digitales años antes de la edad mínima legal de acceso. La cuestión, por tanto, no es únicamente dónde se fija ese límite, sino cómo garantizar que realmente se cumple.

2. El problema: declarar la edad no significa verificarla

Actualmente, gran parte de las plataformas digitales comprueba la edad mediante la autodeclaración, solicitando al usuario que introduzca una fecha de nacimiento. La evidencia disponible muestra las limitaciones de este modelo cuando se utiliza de forma aislada.

Un estudio de la organización británica Internet Matters, realizado a partir de encuestas a cerca de 1.000 menores y familias, concluyó que el 46% de los menores considera que los sistemas de verificación de edad son fáciles de sortear, frente a solo un 17% que los percibe como difíciles. Algunos consiguieron incluso engañar sistemas de reconocimiento facial mediante trucos tan sencillos como dibujarse un bigote.

Australia ofrece otro ejemplo. Tras prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, un estudio independiente creó 50 cuentas de prueba en Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube y X declarando esa edad: nueve de cada diez de las principales plataformas permitieron crear los perfiles sin solicitar ninguna comprobación adicional.

El propio regulador australiano de seguridad online, eSafety Commissioner, reconoció la existencia de “fallos sistémicos” en la aplicación de la norma. A ello se suma que los bloqueos sin mecanismos robustos de verificación pueden llevar a parte de los menores hacia redes privadas virtuales (VPN) y otras vías alternativas capaces de neutralizar las restricciones.

3. La respuesta regulatoria: distintos países, un mismo reto

La verificación de edad se está abordando con fórmulas diferentes. Reino Unido exige, a través de su Online Safety Act y su Children’s Code, sistemas de verificación “altamente efectivos” para acceder a contenidos de riesgo, con sanciones que pueden alcanzar el 10% de la facturación global de una plataforma.

En la Unión Europea, la Comisión ha probado durante 2026 una aplicación de verificación de edad en siete países -entre ellos España, Francia, Italia, Grecia y Dinamarca- concebida para acreditar la mayoría de edad sin transmitir datos personales adicionales y evitar que cada Estado miembro desarrolle un sistema diferente. Alemania, por su parte, exige la presentación de documentación oficial en determinadas plataformas de contenido para adultos.

Pese a las diferencias regulatorias, el reto de fondo es el mismo: verificar de forma fiable que un usuario cumple la edad requerida sin convertir ese proceso en una recogida indiscriminada de información personal.

4. La vía tecnológica: acreditar la edad sin revelar la identidad

El principio que gana peso en este contexto es el de minimización de datos: si una plataforma necesita saber únicamente si una persona es mayor de edad, no necesita conocer necesariamente quién es.

Tecnologías como las credenciales verificables o las pruebas de conocimiento cero (zero-knowledge proof) permiten certificar un atributo -como la mayoría de edad- sin comunicar el nombre, la fecha de nacimiento ni el resto de información incluida en el documento de identidad.

Este mismo enfoque está detrás de la futura Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI Wallet), con la que la Comisión Europea busca que los ciudadanos puedan acreditar ante una web o aplicación únicamente el atributo que se les solicita.

La Comisión trabaja además en un enfoque armonizado para la verificación de edad a través de su Blueprint for an Age Verification Solution, mientras distintos Estados miembros -España entre ellos- avanzan en proyectos piloto y sandboxes regulatorios para probar estas soluciones antes de su despliegue definitivo. En ellos participan, junto a administraciones y otros actores del sector, proveedores europeos de identidad digital como Namirial.

“Cada vez que una plataforma pide más datos de los necesarios, alguien tiene que custodiarlos, y ese es un riesgo que no deberíamos aceptar como inevitable. La minimización de datos no es una limitación técnica, es una decisión de diseño que ya podemos tomar hoy, y creo que es la que debería guiar este debate”, explica Gabriel García, director general de Namirial España.

El calendario regulatorio avanza en paralelo al desarrollo tecnológico. Mientras la ley española continúa su tramitación parlamentaria, el despliegue de la Cartera Europea de Identidad Digital tiene también una fecha límite marcada por la Comisión Europea. Cómo combinar una protección efectiva de la infancia y la adolescencia con mecanismos que no impliquen una vigilancia generalizada de la ciudadanía adulta será uno de los debates digitales de los próximos meses. En este contexto, Namirial, como proveedor de servicios de identidad digital, sigue de cerca la evolución del marco regulatorio.