En Andalucía, uno de cada tres profesionales de la construcción (31%) que sufrió un retraso por delincuencia tuvo que esperar más de un mes para reanudar la obra, casi el doble que la media española (17%). Así lo revela el Informe sobre el Crimen 2026 de BauWatch, compañía especializada en videovigilancia móvil inteligente para obras, que ha encuestado a 4.100 profesionales de la construcción en 11 países europeos.

Asimismo, el 41% de los profesionales andaluces señala el retraso en la ejecución de las obras como uno de los principales efectos de la delincuencia en la comunidad, un dato en línea con la media nacional (44,8%).

El impacto económico también es más acusado en Andalucía. El 35% de los encuestados afirma que los delitos sufridos en las obras provocaron que los proyectos excedieran el presupuesto previsto, mientras que solo el 27% de españoles notifican este aumento monetario.

Además, siete de cada diez encuestados (69%) considera que la necesidad de contener costes lleva a reducir, en gran parte, las inversiones destinadas a la seguridad y, alrededor de un tercio alega que los principales obstáculos para la seguridad son: un diseño deficiente de los perímetros y los sistemas de control de accesos (30%); la falta de responsabilidad o rendición de cuentas (29%); y los descuidos humanos (27%).

“En Andalucía vemos que las empresas recortan en seguridad para controlar costes, pero los datos muestran que esa decisión les sale más cara. Un proyecto que se retrasa más de un mes, o que se dispara por encima de presupuesto, cuesta mucho más que la inversión en vigilancia que se intentó evitar. La seguridad debe convertirse en parte de la planificación desde el primer día”, señala Ignacio González Medina, director general de BauWatch España.

La seguridad como víctima de la presión presupuestaria

Mejorar la protección de las construcciones se ve obstaculizada por la presión sobre los costes de las mismas. Siete de cada diez profesionales andaluces (69%) considera que la necesidad de contener costes lleva a reducir de forma significativa las inversiones destinadas a la seguridad, un porcentaje similar al registrado en el conjunto de España.

Además, alrededor de un tercio alega que los principales obstáculos para la seguridad son: un diseño deficiente de los perímetros y los sistemas de control de accesos (30%); la falta de responsabilidad o rendición de cuentas (29%); y los descuidos humanos (27%).

Las amenazas digitales ganan protagonismo en el sector

Las amenazas digitales son ya una realidad presente en el sector andaluz. Solo el 32% de los encuestados asegura no haber tenido una experiencia relacionada con estos incidentes, un dato más de diez puntos menor al nacional y que se contrapone al 63% de andaluces que afirma conocer y/o experimentar algún incidente cibernético.

Los ataques de phishing e ingeniería social son los más comunes en la comunidad: un 36% de los profesionales afirma haber tenido conocimiento de este tipo de amenazas, frente al 25% registrado en el conjunto de España.

La extorsión sigue teniendo fuerza como amenaza tradicional en las obras

En Andalucía, el 54% de encuestados reconoce haber recibido ofertas de protección y casi un cuarto de ellos también haber pagado por las mismas. Asimismo, los andaluces también perciben una mayor incidencia de la delincuencia en otoño e invierno, según un 23%.

Pese a que aún falta camino por recorrer, el sector mantiene una visión positiva sobre la evolución de la seguridad en los próximos años. El 59% de los profesionales andaluces cree que las obras serán más seguras dentro de cinco años, una percepción ligeramente superior a la registrada a nivel nacional (51%).

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad física y digital en las obras, especialmente en un contexto en el que la presión por controlar los costes y cumplir los plazos continúa siendo uno de los principales desafíos para las empresas del sector.