Aldeas Infantiles SOS apela a la necesaria transformación del sistema de protección a la infancia

Aldeas Infantiles SOS ha presentado hoy el informe El derecho a crecer en familia. La necesaria transformación del sistema de protección a la infancia en España, un análisis exhaustivo de la situación del cuidado alternativo en nuestro país y el grado de cumplimiento de las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños diez años después de su aprobación. El documento, que reconoce los avances y aborda las carencias del sistema, ofrece también recomendaciones con el fin de garantizar el cuidado de calidad al que todos los niños y las niñas tienen derecho.

En España hay 49.985 niños y niñas que crecen privados del cuidado parental, una cifra que crece año tras año. Están tutelados por las Comunidades Autónomas y viven en acogimiento residencial o familiar. Al contrario de lo que indica la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, el acogimiento residencial continúa siendo mayoritario, con 21.283 niños, niñas y adolescentes, frente a los 19.545 en la modalidad de acogimiento familiar. El resto se encuentra en situación de estudio o con una medida de apoyo previa a dictarse una medida protectora.

El informe que hoy ha presentado Aldeas Infantiles SOS se adentra en el sistema de protección y muestra que, si bien en los 30 años que han pasado desde que España ratificase la Convención sobre los Derechos del Niño se ha hecho un esfuerzo de adaptación tanto de la legislación como de las medidas de protección a la infancia, este continúa anclado en una inercia asistencial que hace necesaria su transformación progresiva hacia una plena integración del enfoque de derechos de niños y niñas.

En el acto han participado el presidente del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera, la autora del informe y directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño en la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, Clara Martínez, el director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Gabriel González-Bueno, y el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig.

La organización de atención directa a la infancia ha desarrollado esta investigación en el marco del décimo aniversario de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, que establecen las pautas sobre las que articular las políticas de protección a la infancia y su implementación. Un tema que este año adquiere una especial relevancia ya que, el pasado mes de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas dedicó su Resolución anual sobre los Derechos de la Infancia a los niños y niñas sin cuidado parental o en riesgo de perderlo. Además de reconocer la especial vulnerabilidad de este grupo de niños y niñas y determinar las medidas necesarias a adoptar para asegurar su protección, la Resolución señala a las Directrices como el modelo a seguir.

“Es preciso asumir los estándares internacionales marcados en las Directrices y en la Resolución, priorizando la prevención de la separación y el fortalecimiento de las familias biológicas con el fin de evitar acogimientos innecesarios y favorecer la reintegración familiar una vez el niño ha sido separado de sus padres”, ha asegurado el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.

Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño, ha señalado que “la transformación del sistema de protección es una condición necesaria para avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que su implementación debe basarse en una estrategia multisectorial, coordinada, basada en evidencias y dotada de recursos, que ponga en el centro el derecho del niño a crecer en familia”.

Aldeas Infantiles SOS lleva 70 años ofreciendo un entorno familiar y protector a los niños y niñas privados del cuidado parental o en riesgo de estarlo, y demostrando que cuando estos no pueden crecer con sus padres, un cuidado alternativo de calidad, unido a políticas de fortalecimiento familiar, puede ayudarles a redirigir sus vidas y a romper el ciclo intergeneracional de separación y abandono.

La organización pone esta experiencia al servicio del Estado para contribuir a implementar las Directrices y la Resolución, y apela a la conformación de una nueva Conferencia Sectorial que contribuya a poner todos estos temas sobre la mesa y a trasladarlos y aplicarlos a todos los niveles: estatal, autonómico y municipal. “Porque es cuando actuamos desde lo local cuando podemos contribuir a cambiar lo global; y, en este caso hablamos de algo tan prioritario y esencial como es el bienestar de los niños y de las niñas que no pueden crecer con a sus padres”, ha recalcado Pedro Puig.

Recomendaciones y propuestas
El informe El derecho a crecer en familia. La necesaria transformación del sistema de protección en España hace una serie de recomendaciones para garantizar un cuidado de calidad a los niños y las niñas que crecen sin el cuidado parental. En primer lugar, señala que es necesario garantizar el interés superior del niño e incorporar plenamente el enfoque de derechos a la actuación protectora, y que los principios de necesidad e idoneidad señalados en las Directrices deben estar presentes en cada decisión que se adopte.

Asimismo, un mayor esfuerzo preventivo y de fortalecimiento de las familias evitaría la separación de los menores de su entorno familiar excepto cuando esta sea estrictamente necesaria. En este último caso, es preciso asegurar el derecho de los hermanos y hermanas en acogimiento a permanecer juntos.

El informe también subraya el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en la toma de decisiones que les afectan. Para ello, se deben generar mecanismos de participación y potenciarlos. Además, es importante reforzar y articular cauces de comunicación y queja accesibles y eficaces para todos los niños y las niñas en acogimiento, ya sea familiar o residencial, contribuyendo así a garantizar entornos seguros y protectores.

Por último, el texto señala que es imprescindible mejorar los sistemas de recopilación de información conforme a indicadores comunes. Solo contando con datos fiables se podrán tomar decisiones basadas en evidencias con el fin último de garantizar el derecho de los niños y niñas a crecer en familia.

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