El próximo 1 de enero de 2026 marca un antes y un después para el tejido empresarial español: entrará en vigor la obligatoriedad de Verifactu, el sistema de control de facturación de la Agencia Tributaria que exigirá a millones de pequeñas y medianas empresas emitir facturas digitales comunicándolas en tiempo real a Hacienda.
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Desde julio de 2025, el sistema Verifactu es obligatorio para los desarrolladores de software en España. Aunque este primer periodo no ha sido obligatorio para los contribuyentes, ha permitido detectar cuáles son los principales retos y dudas a la hora de adaptarse a la normativa, su alcance y lo que cambiará en el día a día de la facturación. fiskaly, proveedor líder de soluciones para el cumplimiento fiscal, ha recopilado los más frecuentes con el objetivo de ayudar a empresas y profesionales a ajustar sus procesos de facturación y garantizar el cumplimiento antes de los plazos establecidos para 2026.
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Este 31 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro y este año llega en un momento clave para las pequeñas y medianas empresas. Según IPSOS, a solo dos meses de la entrada en vigor obligatoria de Verifactu para pymes, sólo 8% de ellas ya ha adoptado un software homologado para funcionar con este sistema, por lo que este día adquiere un sentido especial para quienes buscan soluciones rápidas y eficaces. Lo mejor es que esta transición no tiene por qué implicar necesariamente grandes inversiones ni costosas implementaciones tecnológicas.
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El 29 de julio de 2025 venció el plazo para que fabricantes y desarrolladores de software de facturación adaptarán sus programas a los requisitos técnicos del reglamento de la Ley Antifraude. A partir de ahora, solo se podrá comercializar software certificado y conforme al sistema Verifactu, que garantiza la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. Este cambio marca el inicio de la transición definitiva hacia la factura electrónica obligatoria recogida en la Ley Crea y Crece, que culminará en 2026.
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El Reglamento VeriFactu, desarrollado en el marco de la Ley Antifraude, establece nuevas obligaciones en materia de facturación digital. A partir del 1 de enero de 2026, la mayoría de las empresas deberán emitir sus facturas mediante sistemas informáticos certificados, mientras que los autónomos tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2026 para empezar a hacerlo. Estas medidas buscan reforzar el control fiscal y garantizar la integridad y trazabilidad de las transacciones.
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