BSA | The Software Alliance lanza hoy su Encuesta Global de Software 2018, entre cuyos resultados se pone de relieve que en España el 42% del software instalado en los PC no cuenta con las licencias pertinentes. Esto representa una disminución de 2 puntos en comparación con el estudio anterior de BSA, lanzado en 2016 y 3 puntos menos que en el previo, reafirmando la tendencia positiva que comenzó en 2015. De esta forma, vuelve a una cifra de mínimos históricos en España, a la que no bajaba desde 2009.

En cuanto al valor comercial que supone el software sin licencia instalado en ordenadores de empresas en España, la cuantía asciende a 859 millones de dólares (717 millones de euros).
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BSA The Software Alliance, la entidad que agrupa a los principales fabricantes y desarrolladores de software para empresas, ha informado de un progresivo incremento de las denuncias recibidas contra compañías españolas por tenencia y uso de software sin licencia del propietario. En 2017 se alcanzó la cifra record de 576 casos notificados a través del portal de denuncias de BSA, un 14% más con respecto al año anterior y prácticamente el doble de los reportes registrados en 2014, cuando la cifra de denuncias era de 315.
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BSA | The Software Alliance en España ha informado de una investigación judicial efectuada en FAASA AVIACIÓN, una empresa dedicada a servicios aéreos ubicada en Córdoba, por una presunta infracción contra la propiedad intelectual del software de Microsoft, Adobe y Autodesk, miembros de BSA.

La estimación inicial del valor del software no autorizado encontrado en los equipos de la empresa cordobesa podría oscilar entre los 100.000 y los 200.000 euros, a falta de la confirmación definitiva por los peritos judiciales que realizaron el registro de sus sistemas informáticos.
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Tres de cada cuatro (73%) trabajadores de Pymes en España creen que los comportamientos ilegales y poco éticos son comunes en las empresas españolas, con un 18% que reconoce que no solo es una práctica común, sino muy común, según se desprende del reciente estudio sobre percepción y actitudes ante la corrupción realizado por BSA | The Software Alliance, la entidad que agrupa a los principales fabricantes y desarrolladores de software para empresas. El porcentaje baja al 42% cuando se piensa en lo común que son estas prácticas en empresas como las suyas.
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BSA | The Software Alliance, la entidad que agrupa a las principales empresas de software, ha informado de la resolución adoptada por el juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante por la que se condena a dos empresas a pagar más de 453.000 euros en daños y perjuicios por la reproducción de programas de software sin licencia.

Se trata de una de las mayores indemnizaciones impuestas hasta la fecha en España a una empresa por la instalación y reproducción de programas de ordenador infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los autores del software.
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El software tiene un importante impacto sobre la economía española: representa 35.800 millones de euros del PIB del país, genera más de 600.000 empleos cualificados e invierte casi 700 millones de euros en I+D. Estas son las principales conclusiones del informe “Software: Un catalizador de 910.000 millones de euros para la economía de la Unión Europea” publicado por BSA | The Software Alliance con datos y análisis de impacto económico realizado por The Economist Intelligence Unit.
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BSA | The Software Alliance en España informa sobre una investigación judicial efectuada en ZEMSANIA, una empresa de consultoría con presencia en Barcelona, Madrid y La Coruña, por presunta reproducción de software no autorizado en sus sistemas informáticos, con una estimación inicial de valoración de posibles perjuicios para las compañías que oscila entre 300.000 y 500.000 Euros, a falta de confirmación pericial.
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BSA | The Software Alliance en España informa sobre una investigación judicial efectuada en DELINEACIONES METALICAS, una empresa de ingeniería que opera en San Sebastián, por presunta reproducción de software no autorizado en sus sistemas informáticos, la estimación inicial de valoración de posibles perjuicios a las compañías oscila entre 40.000 y 60.000 Euros, a falta de confirmación pericial.
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