En 2023, las ciudades de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares –junto a localidades con episodios de alta contaminación que superen los 20.000 habitantes– deberán contar, obligatoriamente, con zonas de bajas emisiones. Esto supone que, a partir del 1 de enero, más de un centenar de municipios españoles habrán aplicado esta medida.