Pese a que España se encuentra óptimamente equipada en términos de infraestructuras de pago y cobro digital, el uso de medios de pago digitales se encuentra muy por debajo de los países más avanzados de la Unión Europea. El aprovechamiento de las capacidades de las infraestructuras de pagos digitales impulsaría la economía española y supondría un impacto económico en términos de recaudación fiscal de entre 16.000 y 32.000 millones de euros anuales.