El próximo mes de abril ya serán de aplicación las principales obligaciones previstas en la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Dichas obligaciones consisten en disponer de planes de prevención, promover la formalización de acuerdos de donación con organizaciones sociales y la aplicación de una jerarquía de prioridades que tiene como primer paso la prevención, seguido de la priorización del consumo humano a través de la donación u otras formas de redistribución de excedentes, entre otras cuestiones.