
Las iniciativas para limitar el acceso de menores a las redes sociales están impulsando una reflexión más amplia sobre cómo deberían funcionar las identidades en internet. En España, esta conversación cobró fuerza el pasado febrero, cuando el Gobierno anunció su intención de prohibir el acceso a estas plataformas a menores de 16 años, una medida que obligaría a las compañías a implantar sistemas efectivos de verificación de edad y que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que los servicios digitales evolucionen hacia modelos con usuarios verificados.
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