El 2026 se perfila como un punto de inflexión para el ecosistema digital global. La inteligencia artificial, la conectividad avanzada y la ciberseguridad convergen en un entorno donde la línea entre innovación y amenaza se vuelve cada vez más difusa. Europa busca fortalecer su autonomía tecnológica frente a tensiones geopolíticas y a la dependencia de proveedores externos. Este será el año en que la tecnología deje de ser solo un motor de progreso y se convierta también en un desafío ético, estratégico y geopolítico, poniendo a prueba la resiliencia digital de organizaciones y gobiernos. 

1. Inteligencia artificial generativa en ciberataques 
La inteligencia artificial generativa ya no es solo un motor de innovación: se consolida también como un arma en manos de actores maliciosos. Utilizada sin restricciones por los delincuentes digitales, esta tecnología está elevando el nivel de sofisticación de los ciberataques. Campañas de phishing hiperpersonalizado, malware capaz de adaptarse en tiempo real o deepfakes con fines políticos desafían a los sistemas de detección automatizada y ponen en jaque los marcos legales diseñados para combatir la desinformación.  

Claro ejemplo de ello es el ataque orquestado por el grupo chino GTG-100 a finales de 2025 a través del modelo de IA Claude Code, de la empresa Anthropic. Este ciberataque sienta un precedente en los ataques generados con inteligencia artificial, considerándose el primer ciberataque a escala dirigido por una IA, sin intervención humana sustancial. Este año, la frontera entre lo real y lo fabricado será más difusa que nunca, y la ciberseguridad deberá correr para no quedarse atrás.  

2. Ciberguerra y soberanía digital europea 
Los conflictos híbridos ya no se libran únicamente en el ámbito militar. Su impacto se extiende a infraestructuras críticas europeas como las redes de comunicaciones, la energía o el transporte, convertidas en objetivos prioritarios de ciberataques, muchos de ellos vinculados a actores estatales. 

En este contexto, la dimensión geopolítica de las infraestructuras digitales cobra cada vez más relevancia. Más allá del control de recursos naturales, territorios estratégicos como Groenlandia adquieren un valor clave por su papel en las redes de comunicaciones globales, un factor que explica su creciente peso en las tensiones internacionales. 

Ante un escenario de amenaza constante y de desconfianza creciente hacia proveedores y tecnologías externas, la Unión Europea está acelerando su apuesta por la soberanía digital y el refuerzo de sus capacidades de ciberdefensa. Garantizar la resiliencia de las redes y el control de los datos se ha convertido ya en una cuestión estratégica para la seguridad y la autonomía europeas. 

3. Regulación y cumplimiento del NIS2 
En 2026, los marcos regulatorios europeos, como el RGPD, seguirán elevando los estándares de seguridad digital, con la implementación formal en España de la directiva NIS2 (Network and Information Security Directive 2) como uno de los hitos clave. Esta normativa refuerza la ciberseguridad, redefine la responsabilidad de las empresas frente a incidentes digitales y establece sanciones más severas, ampliando la responsabilidad de la dirección. Adaptarse a este nuevo marco será un desafío central para las organizaciones, que deberán combinar cumplimiento y estrategia de seguridad en un entorno cada vez más complejo y expuesto a amenazas sofisticadas. 

4. Seguridad en redes 5G y 6G emergentes 
La expansión de las redes 5G y la llegada de las primeras aproximaciones al 6G están impulsando avances sin precedentes en conectividad y capacidad, pero también elevan de forma notable los riesgos en materia de seguridad. Según un informe reciente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de la ONU, el número de conexiones 5G en el mundo alcanza ya los 3.000 millones, lo que supone cobertura para alrededor del 55% de la población mundial. Las previsiones de la industria apuntan a que esta cifra podría duplicarse y superar los 6.000 millones de conexiones en 2030. 

Este crecimiento masivo de dispositivos conectados amplía la superficie de ataque y refuerza las preocupaciones en torno a la privacidad, el espionaje y la protección de los datos. Al mismo tiempo, la dependencia de proveedores externos intensifica el debate sobre la soberanía digital y el control de la información, situando la seguridad de las redes móviles avanzadas como un reto estratégico tanto para las empresas como para los gobiernos. 

5. Zero Trust Network Access: del concepto a la necesidad 
El modelo de confianza cero se perfila como un estándar imprescindible para garantizar la seguridad de redes y datos. Cada vez más organizaciones están preparándose para adoptarlo, conscientes de que la evolución de las amenazas hace inevitable este cambio. Sin embargo, la implementación masiva sigue siendo un reto: requiere transformar procesos, gestionar usuarios de manera distinta y desafiar los modelos tradicionales de seguridad. Las empresas buscan aplicarlo sin que ello suponga costes excesivos ni complicaciones técnicas, y este año se espera que la adopción se acelere, consolidando ZTNA como una herramienta esencial frente a los riesgos digitales emergentes. 

6. Brechas en la nube y entornos multi-cloud 
La creciente dependencia de las empresas de servicios en la nube aumenta los riesgos de filtración de información, mientras que el modelo de responsabilidad compartida sigue generando dudas sobre los límites y obligaciones entre proveedores y usuarios. Además, las estrategias multi-cloud, cada vez más extendidas, dificultan la aplicación de políticas de seguridad coherentes y elevan el riesgo de brechas. En este contexto, los modelos de seguridad basados en Zero Trust permiten reforzar el control de accesos y proteger los datos de forma consistente, independientemente de dónde estén alojados o desde dónde se acceda a ellos. 

7. Ética y uso gubernamental de la ciberinteligencia 
En Europa, la ciberinteligencia gubernamental ya no es solo una herramienta de protección: se ha convertido en un arma estratégica. Alemania, Francia y otros países han desplegado sistemas de monitorización avanzados capaces de anticipar ataques a redes eléctricas, transporte y servicios críticos. Pero el análisis masivo de datos ciudadanos plantea un dilema ético y legal: ¿hasta dónde puede llegar el Estado sin vulnerar la privacidad y el RGPD? En 2025, el uso de algoritmos de vigilancia para neutralizar amenazas cibernéticas generó un intenso debate público sobre los límites de la intervención estatal. 

Para 2026, la clave estará en equilibrar seguridad y ética. La cooperación entre Estados y proveedores de servicios digitales, junto con tecnologías de control más precisas y transparentes, será fundamental para proteger infraestructuras sin erosionar derechos fundamentales. La manera en que se gestione esta ciberinteligencia definirá no solo la resiliencia digital europea, sino también la confianza de los ciudadanos y la legitimidad de los gobiernos frente a un escenario geopolítico cada vez más complejo y amenazante. 

Por Antonio García, CEO de Teldat.