Ante la controversia existente en el sector del transporte público en España y tras el comunicado que el Ministerio de Fomento realizó ayer en relación a las empresas dedicadas al transporte colectivo, Cabify aclara que la compañía no se dedica al ridesharing o consumo colaborativo.

Cabify es una start-up española que, mediante una aplicación móvil, permite la contratación de vehículos de gama alta con chóferes privados (no particulares) y, desde hace poco, cuenta con la colaboración de taxis convencionales entre sus servicios.

Al igual que otras aplicaciones con las que ya cuentan algunos taxistas, Cabify lanza un servicio tras la petición de un usuario, y se busca el vehículo de la gama escogida más cercano. Si éste es un taxi, le salta una alarma con el trayecto y será el taxista el que acepte el servicio.

La postura de Cabify ante la recomendación de Fomento
Cabify opera en España a través de un servicio de coche con chófer a través de licencias VTC (vehículos de transporte con conductor), en un servicio acorde con la legalidad vigente que ofrece todas las garantías y seguridad a pasajeros y conductores.

Además, Cabify ofrece taxis convencionales según tarifas oficiales, en un esfuerzo por trabajar codo con codo con este gremio, poniendo en contacto a taxistas con usuarios. La compañía es una solución de movilidad urbana para momento y necesidad, y por ello, ofrece todas las formas legales de transporte dentro de nuestra plataforma.

Sobre los métodos de transporte alegales
Juan de Antonio, CEO y Co-fundador de Cabify, defiende que la compañía no comparte las formas fuera de la legalidad de transporte, pero no está en contra de otras formas de consumo como el ridesharing como concepto en general, ni en ofrecer productos innovadores. “En Cabify cumplimos con la normativa vigente en los mercados en los que operamos, incluido el español, y utilizamos autorizaciones o licencias administrativas en aquellos casos en los que son necesarias para los servicios que ofrecemos. Pensamos que el marco regulatorio debería dar cabida de manera específica a este tipo de actividad para garantizar la seguridad y los derechos de pasajeros y conductores. Creemos que la regulación se debe adaptar a esta realidad para proteger y beneficiar al consumidor y no para fomentar el inmovilismo en un sector o mercado”, concluye el fundador de la start-up española.