Entendemos por ciberacoso el hostigamiento, humillación o amenazas que una persona inflige a otra o a un grupo, valiéndose de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ya sea a través de redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea…
Que el fenómeno sea relativamente reciente hace que exista un vacío legal que nos deja en una situación de indefensión, ya que estas nuevas formas de acoso (ciberbullying), hostigamiento (stalking) y extorsión sexual (sextorsión) no han sido aún tipificadas por nuestro ordenamiento jurídico.
En realidad la violencia cibernética o violencia de género en las nuevas tecnologías, no es una nueva figura, sino que se circunscribe a los nuevos espacios virtuales en la sociedad de la información y el conocimiento. Uno de los principales problemas que nos encontramos respecto de la violencia cibernética, es que las jóvenes no son conscientes del maltrato en este ámbito, y lo identifican con el deseo de control o con los celos.
Aún así algunas mujeres empiezan a detallar en sus denuncias por violencia de género, hasta ahora sólo sobre violencia física y psíquica, que su actual pareja o cónyuge, o la persona que hasta ese momento venía siéndolo, quiere controlar su perfil en las distintas redes sociales, Facebook, Tuenti, etc, para poder controlar sus relaciones personales con terceros y que lo hacen con el único objetivo de continuar amenazando, insultando o difundiendo vídeos o imágenes íntimos o privados que pudieran causar lesión a su honor.
La violencia cibernética no deja de ser parte de un problema estructural, y hay que localizar su origen en la educación y en los roles machistas de la sociedad. Los menores reproducen las conductas que observan en su núcleo más cercano, de amistades o familiar, por lo que la prevención debe realizarse con formación en los centros escolares, y trabajando en la igualdad de género.
Aunque pueda parecer que el agresor actúa bajo el anonimato que le da el ‘nick’ o apodo con el que accede a la Red, existen protocolos de investigación y profesionales especializados que con mucho trabajo y esfuerzo terminan identificando a los autores. Eso sí, es necesario que la víctima denuncie, requisito exigido por la naturaleza semipública del delito, así como contar con la colaboración y ayuda del entorno de la víctima.